Brasil vive un momento histórico: tras años de espera, finalmente tenemos un mercado regulado para apuestas deportivas y juegos online. La promulgación de la Ley Nº 14.790/2023 desbloqueó una pauta largamente estancada — y en eso, el actual gobierno merece reconocimiento. Si bien el principal impulsor fue la recaudación, el sector recibió la regulación con madurez, entendiéndola como un logro colectivo.
Pero regular es, sobre todo, proteger: proteger el mercado, al Estado, al consumidor. Cuando la regulación se convierte únicamente en una herramienta de recaudación excesiva, sin contrapartidas claras, deja de ser regulación. Se vuelve asfixia.
El aumento de la tasa del 12 % al 18 % sobre el GGR — que muchos expertos ya dan por hecho — representa justamente eso: un giro peligroso de una política regulatoria a una política confiscatoria. Una apuesta riesgosa que puede matar el mercado legal antes de que madure.
Se habla mucho del impacto en los operadores B2C, y es grave. Las empresas pagaron BRL 30 millones por las licencias e invirtieron en infraestructura, marketing, tecnología, empleo y capacitación. Según IBJR, se recaudaron más de BRL 2,3 mil millones en autorizaciones a principios de 2025. Ese plan se basó en la tasa vigente del 12 %. Cualquier cambio repentino compromete el equilibrio económico‑financiero de los contratos, viola el principio de confianza legítima y abre la puerta a demandas judiciales.
Pero el impacto no termina ahí. Empresas B2B — proveedores de juegos, plataformas, sistemas antifraude y medios de pago — firmaron contratos bajo el mismo escenario tributario. El aumento de la carga compromete toda la cadena y desincentiva la llegada de nuevos actores, justo cuando el país debería atraer innovación, no asustarla.
Tributar, sí. Confiscar, no.
Una casa de apuestas legal, al estar registrada debidamente en Brasil, ya paga impuestos como cualquier otra: IRPJ, CSLL, PIS, COFINS, ISS o ICMS. Una tasa adicional específica para su actividad solo estaría justificada si hubiera un retorno directo a la regulación — como inversión en fiscalización, combate al juego ilegal y acciones serias de juego responsable. Una vez más, protección al Estado, al mercado y al jugador.
Aun así, el sector se tragó el llamado “impuesto del pecado”, como lo llaman algunos parlamentarios, mostrando desinformación y una narrativa moralista sesgada que insiste en demonizar una actividad legal, licenciada y económicamente relevante. Ahora si se considera aumentarlo del 12 % al 18 %, con una destinación genérica y sin diálogo con el sector, resulta desproporcionado.
Según la ANJL, el mercado ilegal de apuestas representa cerca del 60 % del volumen operado en Brasil. En el primer trimestre de 2025, el mercado regulado movió alrededor de BRL 3,1 mil millones mensuales, mientras el ilegal giró entre BRL 6,5 y 7 mil millones al mes. Es decir, el verdadero enfoque debería ser combatir ese descontrol, no asfixiar a quienes operan dentro de la ley.
iGaming: Regulación sí. Confiscación, no.
De la tranquera al portón vigilado
Antes de la aprobación de la ley, el abogado Luiz Felipe Maia describía el entorno del juego en Brasil como una tranquera con candados, pero con los laterales abiertos de par en par. Hoy, la realidad cambió — y la analogía también.
El mercado regulado ahora se parece a un condominio con portón de seguridad: el primer acceso parece sencillo — un botón, un código, reconocimiento facial. Pero luego viene el segundo portón. Y no abre. El sistema pide contraseña, luego se traba, luego exige validación. Mientras tanto, quienes entraron por la puerta trasera ya están nadando en la piscina del condominio. Un condominio al que ayudaste a construir, por el que pagas impuestos, mantenimiento, seguridad — y aun así no puedes disfrutarlo.
Hay un consenso absoluto: el aumento de la carga fiscal empujará a empresas y consumidores hacia el mercado no licenciado, donde no existen fiscalización, protección al apostador ni responsabilidades. Vale destacar que muchos comportamientos criticados — como el uso indiscriminado de influencers, la ausencia de certificación o clones fraudulentos de juegos — son justamente habituales en ese entorno paralelo.
Corrección de rumbo hacia un camino prometedor
Brasil ha recorrido un largo camino para llegar hasta aquí. La regulación del iGaming, aunque impulsada por la recaudación, fue un avance institucional. Trajo reglas (casi siempre) claras, atrajo a operadores serios y despertó el interés de inversores que reconocen el potencial del país como destino relevante tanto para el mercado B2C como para el B2B.
Pero ningún sistema, por bien intencionado que esté, está libre de ajustes. La analogía del condominio con portón vigilado — donde el operador legal entra por acceso controlado, pero se topa con obstáculos mientras el mercado ilegal opera libremente — es ilustrativa, pero no definitiva.
La solución no es abandonar el proyecto, sino perfeccionarlo. No se pide relajar la regulación, sino lograr un equilibrio fiscal que preserve la competitividad, fomente la innovación y valore a quienes operan dentro de la ley.
Brasil ya se ha ganado el respeto internacional con su modelo regulatorio — y ahora tiene la oportunidad de consolidarlo con responsabilidad, transparencia y diálogo.
El sector no exige privilegios. Exige previsibilidad. Exige coherencia. Y, sobre todo, cree en el proyecto de un mercado regulado que sea, de verdad, sostenible – para el Estado, para los operadores y para los inversores que apostaron y seguirán apostando en Brasil con seriedad.
(*) Eliane Nunes, Chief Growth Officer de Salsa Technology
